EL PAIS. 17-04-2002
La organización desmiente el informe presentado en enero por el Gobierno ante la ONU
Madrid
'España es uno de los puntos clave de entrada de inmigrantes en la UE. Su número ha aumentado considerablemente en los últimos años. Al tiempo, se ha producido un incremento de denuncias de torturas y malos tratos de extranjeros o miembros de minorías étnicas a manos de agentes del orden'. Así comienza una extensa denuncia presentada ayer por Amnistía Internacional ante medios de comunicación de 15 países. El documento menciona 321 agresiones y desmiente explícitamente el informe presentado en enero por el Gobierno ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
El informe se titula: España: Crisis de indentidad. Tortura y malos tratos con motivos racistas a manos de agentes del Estado, y está basado en testimonios recogidos a lo largo de los últimos siete años. De los 321 casos citados, 32 son documentados detalladamente. Entre ellos figuran seis muertes de extranjeros mientras se hallaban bajo custodia policial y cinco violaciones o asaltos sexuales por parte de agentes del orden. Los damnificados proceden de 17 países de Europa, América y África, aunque la mayoría son marroquíes. De ahí que el acto de presentación del informe en España se celebrara en la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIME). Al mismo tiempo, el documento fue presentado en otros 15 países.
Gillian Fleming, investigadora de AI para España, desmintió el informe que el Gobierno español presentó en enero ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. En el mismo, el Ejecutivo afirmó: '…es motivo de gran satisfacción el hecho de que en nuestro país no tienen lugar la tortura o los malos tratos, salvo casos muy aislados. La constatación de esta afirmación la proporciona el que las denuncias por tales prácticas han desaparecido o son realmente escasas, así como los informes de AI y el Defensor del Pueblo ante las Cortes Generales…'.
Fleming declaró que su organización está 'desconcertada' por esta declaración. 'No sabemos a qué informes de AI se refiere el Gobierno. En su último informe anual, por el contrario, AI se refiere a 'un aumento de las denuncias de malos tratos a inmigrantes u otras personas de origen étnico no europeo'. No es verdad que los casos de malos tratos sean aislados, sino frecuentes y extendidos en el territorio español'.
'Los casos que hemos documentado demuestran un esquema de violación, por parte de agentes del Estado, de los derechos de integrantes de minorías étnicas o personas extranjeras. La discriminación de estas personas, tolerada por las autoridades, las hace más vulnerables a ser sujetos de tortura o malos tratos', dijo la representante de AI.
Éstas son algunas de las denuncias que aparecen en el informe de la organización:
Muertes. 'Un número considerable de personas, varias de ellas extranjeras, han fallecido durante el período de custodia. Sus muertes no siempre han sido investigadas con las debidas minuciosidad, rapidez e imparcialidad'.
Violaciones. 'Las inmigrantes indocumentadas han sido particularmente blanco de tortura en forma de violación o asalto sexual durante los períodos de custodia'.
Expulsiones. 'Existen incidentes de maltrato y uso inapropiado de métodos de inmovilización durante procesos de expulsión. En muchas ocasiones, los inmigrantes expulsados no han sido tratados con dignidad o transparencia'.
Menores. 'Menores de edad no acompañados han sido expulsados del territorio español sin la debida protección legal o sin la necesaria vigilancia de su integridad. Muchos de ellos han sido maltratados durante el proceso de expulsión, ya fuera durante su detención o bien mientras se encontraban en tránsito, así como en la frontera con Marruecos a manos de la policía marroquí'.
Impunidad. 'Cuando las víctimas de malos tratos denuncian lo que les ha ocurrido, es frecuente que los acusados inmediatamente presenten contradenuncias acusándolas. Muchas de ellas no pueden ni siquiera considerar la presentación de una denuncia por miedo, falta de ayuda legal adecuada o apatía y parcialidad de las autoridades judiciales'.
Corporativismo. 'A policías que tienen antecedentes penales o contra los que existen procedimientos disciplinarios pendientes no sólo se les ha permitido continuar en su trabajo, sino que también han gozado del apoyo de las autoridades políticas'.
Represalias. 'Policías que han intentado tomar medidas para asegurar la protección de los derechos humanos han sido castigados. Por ejemplo, a tres sargentos que denunciaron irregularidades sobre la detención y expulsión de niños marroquíes de Ceuta les fueron impuestas medidas disciplinarias'.
El informe de AI concluye con 'un llamamiento a las autoridades españolas para que elaboren, adopten y pongan en práctica una estrategia nacional y un plan de acción para combatir todas las formas de racismo. Estas herramientas deben incluir medidas específicas para prevenir la tortura y los malos tratos, así como cualquier manifestación de racismo durante la administración de la justicia'.
'Las autoridades españolas deben decidir si la identidad del país en el siglo XXI va a estar basada en actitudes racistas o en la tolerancia de la diversidad y el respeto a los derechos humanos', declaró Fleming.